Ante las miles de consultas recibidas en todo el país, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) celebró un encuentro con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para avanzar en la rehabilitación de las pensiones suspendidas. Los Defensores del Pueblo de todo el país nucleados en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina recibieron a la Jefa de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social nacional, Alejandra Cedrola, y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. Asimismo, la reunión contó con la participación de la Asociación Argentina de Ayuda a la Persona que padece Esquizofrenia y su Familia (APEF); la Asociación Argentina de Padres Autistas (APADEA); la Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia (APEBI); la Asociación Senderos del Sembrador; TGD Padres TEA; la Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC); el Departamento de Discapacidad de Racing Club; la Asociación Civil Soles de Buenos Aires; la Asociación Milagros Ayelén; la Asociación Civil de Profesionales para la Equidad (ASPPE); y la Comisión de Discapacidad de AABA. Juan Pablo Trovatelli, Defensor del Pueblo de la Ciudad de Pilar manifestó, “con la reunión se ha logrado la conformación de una mesa de trabajo con la participación de las Defensorías del Pueblo del país y asociaciones de defensa de los derechos de las personas discapacitadas, para avanzar en la revisión de todos los casos afectados para que no quede nadie sin el beneficio”. Por su parte, Badino aseguró que la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales no reducirá su presupuesto y que “estamos trabajando para atender cada caso. Si nos equivocamos, lo corregiremos”. Además, Cedrola comunicó que las únicas pensiones que fueron suspendidas son aquellas vinculadas a la adquisición de un empleo en blanco por parte del beneficiario y en casos de fallecimiento o renuncia al beneficio. “Todas las demás pensiones serán depositadas la semana próxima de forma retroactiva”, afirmó la funcionaria. Los Defensores del Pueblo nucleados en ADPRA entregaron a los funcionarios un documento en el cual se reafirmó la necesidad de realizar un análisis caso por caso, de forma interdisciplinaria, para determinar quiénes están en condiciones de percibir el beneficio. Al mismo tiempo, se resaltó la importancia de respetar el debido proceso administrativo ante ceses o suspensiones. Por último se recomendó la derogación del Decreto 432/97 y la redacción de una nueva normativa con criterios más inclusivos, que reconozca a las personas con alguna discapacidad como plenos sujetos de derecho.]]>
