Con la suspendida Ley 27.426 aplicada en la última administración los jubilados perdieron casi un 20 por ciento de capacidad de compra con respecto a la inflación. La nueva fórmula de movilidad enviada al congreso por el Poder Ejecutivo busca recuperar la misma evolución de los haberes que alcanzaron los jubilados en los 9 años entre 2009 y 2017, cuando aumentaron el poder de compra un 26 por ciento.
El Gobierno Nacional garantizó durante su gestión aumentos por decreto, sumados a tres bonos extraordinarios, lo que permitió que las prestaciones mínimas recuperaran un 5,4 por ciento su poder adquisitivo. Asimismo, se sumaron otras medidas complementarias que ayudaron al bolsillo de los jubilados, como el congelamiento de tarifas públicas y los medicamentos gratis.
Con el fin de empezar por los últimos, el nuevo cálculo jubilatorio recupera lo mejor de la experiencia ya probada en cuanto a la sustentabilidad del sistema, porque considera la evolución de los salarios, los recursos tributarios y totales, y la evolución de los beneficios de la ANSES. También garantiza que en los periodos de crecimiento económico los haberes participen de las mejoras. Además, evita los litigios al ser jurídicamente más robusta.