¿Qué pasa ahora con la causa Vicentín y la situación de empleados y productores?

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El politólogo Marcelo Gondell analiza la situación actual de la empresa Vicentin Cereales S.A. tras la suspensión de la intervención anunciada por el Presidente Alberto Fernández. Más allá de las implicancias políticas, detrás tiene a más de 15 mil empleados y un importante número de proveedores que ven afectada su economía.

“Como saben, estoy muy cerca de la generación de información para los equipos del Gobierno respecto a este tema. Se podría asumir que ha habido un error de parte del gobierno fue en su momento en el apresuramiento del primer decreto que promovía la intervención para una posterior declaración de interés público de la empresa. Se presumía el grado de desastre financiero y de fraude que tenía esta empresa en su funcionamiento pero el ojo estaba puesto en la deuda que había tomado con el Banco Nación”, argumentó.

Aquel hecho lo considera un disparador: “La repercusión política que tuvo el tema en la sociedad, promovido por la ingerencia que tiene esta empresa en la vida pública de la zona, en el norte de Santa Fe, sumado al tratamiento siempre extremo que hace la oposición de las problemáticas, esto llevó a que se convirtiera ese decreto en un presunto error político.

Dentro de su análisis, Gondell explicó: “Se descubrió que hay una empresa acreedora de Vicentín que le pide la quiebra el 6 de febrero en el juzgado comercial número 3 de Rosario. Para que se habilite el concurso, el síndico hace una presentación de un balance provisorio donde presenta un patrimonio de 150 millones de pesos. Lo hace para que no se configure un proceso de quiebra. Ahora lo que pasa es que en el juzgado de Reconquista, a unos días de esta otra presentación, habían reducido el patrimonio. En definitiva, Vicentín es una continuidad de presentación fraudulentas ante la justicia. El patrimonio de Vicentín es un tercio de la deuda de la empresa”.

“Hasta el 25 de agosto la justicia evaluará cuáles son los reales acreedores de esta empresa. El gobierno exigió a la AFIP que investigue los movimientos al exterior y se enfoca en la causa en la que está relacionada la deuda con el Banco Nación. Todos están mirando a ver qué pasa y dónde van a quedar”, finalizó el politólogo.

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