La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció el cese de la recepción de fondos estatales por parte de la Iglesia Católica, concluyendo así el «proceso de renuncia» de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares, según lo establecido en la ley 21.950.
Las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicaron oficialmente el fin de la percepción de aportes económicos provenientes del Estado nacional por parte de la Iglesia Católica. Este cambio se materializó mediante el «proceso de renuncia» de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares, conforme a lo decidido en la Asamblea Plenaria y reportado a la Secretaría de Culto de la Nación en el último día hábil de diciembre.
La decisión se fundamenta en una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores del 26 de abril de 2023, que permitía a los arzobispos y obispos que cesaran en sus funciones debido a edad o invalidez solicitar, bajo ciertos requisitos, recibir la asignación establecida por la ley 21.950. Dicha ley, vigente desde 1979, establece que los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre diversas instancias eclesiásticas gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un Juez Nacional de Primera Instancia.
En el comunicado, la CEA destacó que los montos recibidos por los eclesiásticos eran de 98.000 pesos, y señaló que en 2018 se había anunciado la decisión de renunciar gradualmente a los fondos estatales. En julio de 2020, los obispos presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE) para buscar nuevas fuentes de financiamiento y donantes que respaldaran las actividades pastorales en el país.
Aunque el aporte estatal representaba solo el 10% del presupuesto total de la Iglesia, era crucial para las diócesis más necesitadas, particularmente para cubrir las asignaciones mensuales de obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunció oficialmente que la Iglesia Católica en Argentina dejará de recibir fondos estatales, culminando el «proceso de renuncia» de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares, según lo establecido en la ley 21.950. La decisión, informada el último día hábil de diciembre, se basa en una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores del 26 de abril de 2023, permitiendo a los líderes eclesiásticos solicitar la asignación prevista en la ley en caso de cese por edad o invalidez. Aunque el aporte estatal representaba solo el 10% del presupuesto total de la Iglesia, era crucial para las diócesis más necesitadas.