Las 120 familias afectadas desde hace dos años por las irregularidades en la empresa «3 Arroyos», se manifestaron hoy en el ingreso de la planta en el Parque Industrial de Pilar. La incertidumbre se mantiene desde octubre de 2018, cuando fue suspendido el pago de sueldos y obligaciones laborales.
Diego, uno de los afectados, explicó la situación: “Hace dos años quedamos inhabilitados para seguir con nuestras tareas laborales y desde ese momento que no cobramos nuestros sueldos. Ahora apareció un supuesto inversor, que creemos que es el testaferro del dueño, que no sólo sigue sin dar respuestas sino que además despidió a 15 personas”.
Por otro lado, la situación se vuelve más desesperante para éstas familias ya que al mantener la condición de empleados activos, los damnificados no pueden tampoco recibir ninguna ayuda del Estado a través de los diferentes programas que se pusieron en marcha para paliar la situación durante esta pandemia y hacer frente a las necesidades económicas actuales.
Además, Diego destacó: “Estamos pasando muchas necesidades y padeciendola de la peor manera. El municipio nos dio una bolsa de alimentos pero lo que nosotros queremos es que se regularice la situación y poder seguir trabajando”.
Mientras los trabajadores bloquean la entrada a la planta, se está realizando una reunión en la sede local del sindicato STIA donde participan el nuevo inversor junto a los representantes del gremio y del Ministerio de Trabajo.