El pasado viernes, un decreto presidencial estableció como servicio esencial a la telefonía, internet y tv por cable, el congelamiento de tarifas de los mismos, que deberá mantenerse inalterables hasta el 31 de diciembre y se autoriza a Enacom que desarrolle herramientas de control que serán tratadas en el Congreso Nacional durante los próximos días.
Al respecto, el politólogo Marcelo Gondell analizó el contexto en el que se dio esta situación: “Desde su asunción, Alberto Fernández tenía en observación un decreto que había sacado Macri en donde creó el Enacom, un ente que estaba vacío de autoridad regulatoria y de poder político. Se limitaba a probar el conglomerado de comunicaciones que termina formándose en torno al Grupo Clarín, que posee la generación de contenidos, la red de distribución, es propietario de la televisión por cable y compra la infraestructura de telecomunicaciones al adquirir Telecom. Esa situación encuentra al gobierno de Alberto Fernández con un virtual monopolio en este aspecto y la imposibilidad de regular ningún tipo de aumento. Esto llevó a que los representantes de las cámaras de prestadoras pretendan aumentar las tarifas desconociendo a la autoridad nacional y así fue como finalmente se decidió la salida de este decreto».
“No nos podemos olvidar que políticamente estas compañías habían fogoneado las marchas en contra del gobierno y su manejo de la pandemia desde sus diferentes medios, con lo cual el gobierno no quiere entrar en regularización a la libertad de prensa pero claramente era una afrenta”, agregó Gondell.
Mundialmente está en discusión el monopolio de estas empresas y el reconocimiento de los mismos como un derecho a la libertad de prensa y a la educación y de acceso igualitario al conocimiento, accesos a recursos fundamentales, sobre todo en este contexto de pandemia. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Alemania las leyes están hechas en un sentido antimonopólico de los medios de conectividad.